Por Némesis Mora Pérez
San Juan (3 de abril de 2021) – Luego de que se evaluó en vista pública el Proyecto de la Cámara (PS) 152, que busca añadir una categoría protegida para evitar que los patronos discriminen contra los empleados pacientes de cannabis, la portavoz del Proyecto Dignidad en la Cámara, Lisie J. Burgos Muñiz, se mostró “preocupada” ante dicha medida.
Según un comunicado de prensa, la también presidenta de la Comisión de Bienestar Social, Adultos Mayores y Personas con Discapacidad, Burgos Muñiz emplazó al presidente de la Comisión de Gobierno, el representante Jesús Manuel Ortiz, a “invitar a organizaciones y profesionales de la salud para que participen en el proceso de evaluación del Proyecto de la Cámara 152″.
Durante la celebración de la vista, llevada a cabo el pasado viernes, el proyecto contó con la participación de ponentes de gobierno y expertos en la industria del cannabis como: Oficina del Procurador del Paciente, Departamento del Trabajo y Recursos Humanos, Departamento de Salud, Cámara de Comercio de Puerto Rico (Comité de Cannabis), Puerto Rico Medical Cannabis Association, Colectivo Puertorriqueño de Dispensarios, Miembros Industria Cannabis Medicinal y el licenciado José Maes Aponte, entre otros.
“Proyecto Dignidad es parte de esa diversidad en la Legislatura y merecemos que se escuchen nuestros planteamientos y se respete nuestro electorado”, continuó la representante.
Además, y según añadió la presidenta de la comisión, “ningún patrono podrá discriminar contra empleados en los procedimientos de solicitud de empleo, contratación, despido, ascenso, compensación, entrenamiento para el empleo y otros términos, condiciones y privilegios de empleo que sean pacientes registrados y autorizados para utilizar el cannabis medicinal”.
Sin embargo, la ley establece que no todos los empleados que utilizan el cannabis como medicamento están exentos. Existen casos donde el patrono puede prescindir de los servicios de un empleado paciente de cannabis, como lo es el caso de los empleadores que reciben fondos federales o si el empleado pone en riesgo su seguridad o la de su entorno.
“Esta medida se está trabajando a la prisa y levanta serias interrogantes que sea la Comisión de Gobierno la que atienda la misma cuando es un tema laboral y de salud. En el día de ayer le circulamos una carta al compañero para que cite a los grupos de profesionales de la salud expertos en adicciones, los cuales se oponen tenazmente al proyecto y nos han solicitado deponer. Esto es muy necesario para que haya balance y para que se nos permita tomar una decisión en cuanto a la medida considerando todos los ángulos alrededor de la misma”, concluye la portavoz del Proyecto Dignidad en la misiva.
